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By edgarjaramillo at 2008-06-10

Martín Barriuso Alonso

 

“Las sinrazones que se soportan pacientemente
 cuando parecen inevitables se tornan insufribles
 una vez sugerida la idea de escaparse de ellas.”

Alexis de Tocqueville

Resumen

El debate sobre la legalización de las drogas se inicia poco después de la aprobación del Convenio Internacional de La Haya, de 1912, sin que los términos en que se plantea hayan variado apenas desde entonces. Mientras, el sistema de prohibición, a pesar de las numerosas críticas que recibe y de las abrumadoras evidencias de su carácter contraproducente, se sostiene en pie con una fortaleza que solo se explica por los intereses ocultos a los que realmente sirve, que lo convierten en rentable a pesar de su aparente fracaso. Ello hace que los argumentos racionales se estrellen contra ese complejo entramado de intereses, defendidos por la triple estructura de la prohibición: tabú moral, norma legal y conflicto bélico. Por otro lado, las tendencias globales que sostienen la prohibición van seguramente a permanecer sin grandes cambios a medio plazo. En consecuencia, dado que las razones se revelan insuficientes, solo la vía de la acción parece ofrecer perspectivas de cambio inmediato en el necesario camino hacia la tolerancia y la normalización.

En el presente trabajo se intenta analizar la situación actual del debate sobre políticas de drogas y los retos que plantea, para repasar luego someramente la actividad de los últimos diez años del movimiento antiprohibicionista –especialmente el cannábico- del estado español (en el que el autor ha participado activamente), una experiencia de respuesta a las políticas prohibicionistas relativamente exitosa, cuyos elementos más destacables han sido el asociacionismo de usuarios, la práctica de la desobediencia y la colaboración con colectivos de diversos países que agrupan a otros sectores afectados negativamente por la prohibición. A partir de ahí, se pretenden encontrar líneas estratégicas que puedan servir al conjunto del movimiento antiprohibicionista para superar la actual situación y tratar de construir un modelo de mercado legal que provoque la menor cantidad posible de efectos colaterales negativos para todos los eslabones de la cadena de producción, transformación, venta y consumo de drogas ilícitas.

 

Legalización: ¿debate eterno?

Hace mucho que el debate sobre la legalización de las drogas dejó de ser merecedor de tal nombre. La razón es simple: La discusión la ganaron hace tiempo los enemigos de la prohibición. Por supuesto, ganar la discusión no significa en absoluto haber ganado la lucha contra la misma. Lo que ocurre es, sencillamente, que el discurso oficial no ofrece respuestas consistentes a los argumentos antiprohibicionistas.

No es objetivo de este trabajo entrar a analizar con detenimiento los argumentos que se oponen a la prohibición mundial de drogas, pero sí que podríamos resumir dichos argumentos en tres líneas principales. La primera, cuyo representante más conocido es el estadounidense Thomas Szasz (1993), plantea que la pretensión de impedir por la fuerza a personas adultas y capaces el consumo de cualquier sustancia es ilegítimo y viola los derechos de las personas, permitiendo al Estado inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia.

La segunda queda perfectamente resumida en el título del manifiesto que varios cientos de personalidades de todo el mundo hicieron público con motivo de la Sesión Especial sobre Drogas de las Naciones Unidas de 1998: “Creemos que la guerra contra las drogas causa más daño que las drogas mismas”. Otro manifiesto publicado al mismo tiempo, el de la Coalición Internacional de ONGs por una Política de Drogas Justa y Eficaz, resume esos daños en: a) muertes violentas y violación de derechos humanos básicos; b) muertes y enfermedades por adulteración, transmisión de enfermedades, mala dosificación, etc.; c) criminalización y marginación de las mismas personas que dice querer proteger; d) daños al medio ambiente; e) violaciones de la soberanía nacional; f) desgaste de fondos que podrían destinarse a otros usos; y g) erosión del Estado de Derecho con órganos supranacionales que escapan al control democrático y la extensión de la arbitrariedad y la corrupción.

La tercera línea argumental es la que plantea que la actual separación legal entre unas drogas prohibidas sobre la base de su supuesta peligrosidad y otras que se permiten por su menor riesgo, carece de base científica. Con frecuencia, estas tres líneas de argumentación aparecen entrelazadas y constituyen la base ideológica de la mayoría de grupos antiprohibicionistas del mundo.

Si miramos atrás, veremos que los primeros textos contra la prohibición incluyen muchas de las razones arriba expuestas, aunque sea, como era de esperar, en forma mucho más esquemática que en el presente. En el caso de España, los primeros artículos de prensa de carácter antiprohibicionista, obra del periodista republicano Carlos Esplá, datan de 1921. Al año siguiente, en Italia, el teórico anarquista Enrico Malatesta rechaza las leyes contra la cocaína con argumentos que mantienen aún hoy todo su vigor: “Cuanto más severas sean las penas impuestas a los consumidores y a los negociantes de cocaína, más aumentará en los consumidores la atracción por el fruto prohibido y la fascinación por el peligro afrontado, y en los especuladores, la avidez de ganancia, que es ya ingente y crecerá con el crecer de la ley”. Malatesta plantea como alternativa la liberalización del comercio de cocaína combinada con campañas informativas acerca de sus peligros.

Como vemos, existe una continuidad entre el discurso de los primeros críticos y los actuales, una continuidad que supera, incluso, las teóricas barreras ideológicas entre izquierda y derecha. Frente a estos discursos críticos cada vez más elaborados y fundamentados en datos científicos, el discurso oficial mantiene también una desesperante inmutabilidad. De hecho, la forma en que las instituciones responsables en la materia rechazan los ataques dialécticos de sus opositores se reduce, fundamentalmente, a un mecanismo que podríamos denominar “contestador automático” y que consiste, simplemente, en repetir hasta la saciedad, independientemente de los términos en que se plantee la discusión, una serie de  consignas oficiales que apenas han variado desde el nacimiento del prohibicionismo organizado en los Estados Unidos del final del siglo XIX (Escohotado, 1994).

Las instituciones internacionales encargadas del control de las drogas ilícitas mantienen inalterados sus planteamientos, como si nada de lo que se diga o haga pudiera hacer mella en su naturaleza monolítica. Es bien significativo que el plan que el PNUCID (Programa de las Naciones Unidas para el Control Internacional de Drogas) presentó en la Sesión Especial sobre Drogas de 1998 se titulara “1998-2008: Un mundo sin drogas. Podemos consegurilo”. Poco importa que los plazos para la completa y definitiva erradicación de cultivos que se fijaron en la ya lejana Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (quince años para el opio y veinticinco para cannabis y coca) hayan vencido y se hayan prorrogado una y otra vez. En cada ocasión, los responsables del fracaso encuentran nuevos motivos para el optimismo y fijan un nuevo lapso (Blickman, 1998), en lo que el New York Times, en su editorial dedicado a la citada Sesión Especial del 98, denominó “reciclaje de políticas irrealistas”. Por su parte, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes condena año tras año en sus informes las políticas basadas en la tolerancia de países como Holanda o Suiza y rechazan iniciativas de reducción de riesgos de eficacia probada, como los programas de dispensación controlada de heroína o las salas de consumo higiénico.

Una y otra vez, a pesar de que hay un creciente número de gobiernos críticos, las resoluciones y programas que los organismos de la ONU presentan a los países firmantes de los tratados anti-droga se aprueban por unanimidad, mostrando hasta qué punto cuesta cambiar las cosas en este campo. En este sentido, la prohibición global de drogas tiene una enorme similitud con la Torre de Pisa: Desde antiguo había razones de peso para asegurar que terminaría por caerse, pero generaciones enteras de pisanos nacieron y murieron a sus pies sin que el momento de la caída llegara nunca. Después, cuando se consideró que la situación era ya insostenible y se adoptaron medidas, estas consistieron en ponerla más erguida, pero no del todo, ya que para entonces había un gran interés (basado, sobre todo, en los ingresos por turismo) en mantener la sensación de precariedad. De igual manera, si la torre prohibicionista no acaba de caer ni de ponerse derecha es por la gran cantidad de gente que obtiene beneficio de tan anómala situación. Por tanto, podemos seguir debatiendo ad nauseam sin que el edificio prohibicionista llegue a estar realmente en peligro^[i][i][i].

 

La prohibición de drogas: Ley, tabú y guerra.

Aunque la prohibición de drogas se plasma en una larga serie de normas legales que van desde las citadas convenciones de las Naciones Unidas hasta bandos municipales, pasando por Códigos Penales y legislación administrativa de ámbito estatal y regional, lo cierto es que se trata de un fenómeno que abarca no solo el derecho, sino la moral, la economía y otros numerosos ámbitos de la vida social. Las dificultades para ir avanzando hacia la legalización tienen mucho que ver con el hecho de que el tratamiento que recibe el fenómeno de la producción, venta y consumo de drogas ilegales vaya mucho más allá del que suele corresponder a la persecución de la mayoría de delitos y faltas.

La prohibición de drogas es una materia que no solo atañe a la razón sino que toca sentimientos de amplias capas de la población de muchos países. Aunque la existencia de una prohibición global de drogas sea un fenómeno del siglo XX, lo cierto es que la existencia de tabúes o prohibiciones de ciertas formas de ebriedad es mucho más antigua. La cultura occidental, merced a la influencia de la moral judeo-cristiana, ha levantado un tabú moral en torno a ciertas sustancias desde hace siglos, y los fenómenos de prohibición, a veces transitoria, de drogas ajenas a la propia cultura –como sucedió con el café o el tabaco- han sido recurrentes. Diversos estudios antropológicos parecen demostrar que algunas de estas prohibiciones, referidas sobre todo a drogas visionarias o alucinógenas, han llegado incluso a incorporarse al inconsciente colectivo (Fericgla, 1994).

Todo ello, unido a décadas de propaganda prohibicionista –incluyendo la difusión sistemática de noticias alarmistas, generalmente infundadas, algo especialmente notorio en el caso del cannabis (Herer, 1995)- ha llevado a que las drogas prohibidas provoquen miedo y asco a millones de personas, haciendo difícil el diálogo abierto sobre las mismas, estigmatizando a quienes tienen contacto con ellas y fomentando la falsa imagen social de que ciertas sustancias funcionan como una infección microbiana capaz de invadir y dañar un cuerpo social sano^[ii][ii][ii]. En este sentido, si comparamos las características de un tabú moral y una prohibición legal típicos (ver cuadro) comprobaremos que la prohibición de drogas presenta simultáneamente características de ambos.

 

 

En efecto, tanto la imagen social de las drogas ilícitas como su tratamiento legal superan el marco de la prohibición para adquirir características en principio privativas del tabú. Hay numerosos hechos que sustentan esta afirmación para cada uno de los puntos citados en el cuadro anterior, entre los que cabe citar:

Los informes científicos que sistemáticamente han venido cuestionando la validez científica de la actual división entre drogas lícitas e ilícitas no han provocado modificaciones en la ley. La alarma social, real o ficticia, ha sido el criterio que ha primado históricamente a la hora de ampliar las listas de drogas prohibidas: Se prohíbe lo que asusta a la sociedad, no lo que la daña. Para alimentar esa alarma social, la propaganda oficial utiliza constantemente recursos sentimentales. Las campañas dirigidas a disuadir del consumo suelen utilizar mensajes muy impactantes e imágenes escabrosas, incluso repugnantes, intentando asociar siempre droga con muerte, sangre, sufrimiento, etc. También son constantes las alusiones a la infancia, así como imágenes tremendistas en las que aparecen niños, en algunos casos consumiendo drogas^{[iii][iii][iii]}.

En muchos países se considera delito el presentar las drogas prohibidas desde un prisma favorable, así como cualquier conducta que pueda interpretarse como apologista, estando vetados los mensajes antiprohibicionistas.

Las listas pretender tener una validez tan duradera que han llegado a incluir sustancias aún sin sintetizar y, por tanto, de propiedades desconocidas.

La Convención Única de 1961, matriz de la Prohibición vigente, dice estar destinada a proteger la salud, no solo física, sino también moral, de la Humanidad.

Los delitos contra la salud pública suelen ser de tipos abiertos y peligro abstracto. En otras palabras, no precisan consumarse y abarcan cualquier conducta que se considere que puede favorecer, aunque sea indirectamente, la comisión del delito.

Son numerosos los mecanismos excepcionales que se prevén para los delitos relacionados con drogas prohibidas, que van desde la confiscación y subasta de bienes previas a la existencia de sentencia firme, hasta la inversión de la carga de la prueba -que lleva a veces a la presunción de culpabilidad-, pasando por la entrada en el domicilio sin mandamiento judicial o el encarcelamiento preventivo incondicional. Por otro lado, es frecuente la privación de derechos sociales a las personas condenadas y a su entorno.

Por otra parte, la Prohibición tiene un carácter netamente bélico. Aparte de la declaración formal de “guerra contra las drogas” que el presidente estadounidense Nixon realizara en 1973, todo indica que, efectivamente, nos encontramos ante un conflicto que reúne todas las características necesarias para ser considerado como una guerra. En efecto, la masiva participación de militares en las tareas anti-droga, los medios técnicos empleados –que van desde satélites artificiales hasta fumigación masiva con pesticidas, pasando por artillería o helicópteros- y otra serie de elementos típicos como la existencia de estrategias, espionaje, etc., apuntan sin duda hacia una guerra clásica.

Sin embargo, el resto de elementos hacen de esta una guerra difusa, dado que dice combatir algo tan atípico como una serie de plantas y de sustancias químicas y que carece de frente de batalla o retaguardia (nota guerra terrorismo). Como es evidente que no se puede librar una guerra contra seres inanimados, el enemigo no es otro que las personas que producen, transportan, venden y consumen las drogas proscritas. Con excepción de quienes pertenecen a algún grupo armado -sea estatal, paraestatal, insurgente o mafioso- de los que controlan sectores de la producción y venta de algunas drogas, la gran mayoría de esas personas no poseen armas ni oponen resistencia violenta alguna, lo que convierte a esta guerra en excepcionalmente asimétrica, comparada con aquellas a las que estamos acostumbrados (aunque, tras la Guerra del Golfo y la reciente invasión estadounidense de Afganistán, tal vez deberíamos decir que estábamos acostumbrados).

A falta de un cómputo global fiable, no parece exagerado afirmar que, como consecuencia de las políticas de fiscalización internacional de drogas, miles de personas mueren todos los años tanto en operativos policiales y militares como en ejecuciones legales e ilegales en numerosos países, millones se hallan encarceladas en todo el mundo por delitos relacionados con las mismas, y decenas de millones sufren todo tipo de daños, que abarcan desde la violencia física hasta el desplazamiento forzoso, además de restricción de derechos ciudadanos básicos, limitaciones a la libre circulación, ataques a su salud y a su medio ambiente, etc. Si añadimos la influencia decisiva que la prohibición de drogas ha tenido en diversos conflictos armados de corte clásico, pagando armas y tropas, financiando operaciones encubiertas y provocando combates para controlar zonas de cultivo ilícito, nos encontraremos con que la guerra contra las drogas ha sido una de las más cruentas y destructivas del siglo XX y, si las cosas no cambian, tal vez también del XXI. Si a todo lo anterior le sumamos los daños sanitarios y sociales debidos a adulteraciones, transmisión de enfermedades infecciosas y otros efectos secundarios de la vertiente “civil” de la prohibición de drogas, la conclusión es que nos hallamos ante una catástrofe de dimensiones planetarias, una catástrofe perfectamente evitable, cuyo origen se halla en una serie de políticas deliberadas cuyos efectos nocivos son conocidos desde hace años por sus responsables. Por tanto, no parece exagerado afirmar que la prohibición de drogas, en su forma actual, es un crimen contra la Humanidad.

 

Los puntales de la torre inclinada.

A pesar de que la idea de que las actuales políticas de drogas son un fracaso está cada vez más extendida, los responsables últimos de estas atrocidades siguen teniendo una elevada consideración social, siendo percibidos como benefactores de la Humanidad que se esfuerzan por liberar a la misma de los peligros de “la droga”, una amenaza omnipresente que, como ya hemos dicho, se hace aparecer con todas las características de una epidemia capaz de propagarse por sí sola. Ello es debido a la triple estructura (norma, tabú y guerra) de la que acabamos de hablar, un mecanismo análogo al de la caza de brujas en la Europa de los siglos XIII al XVII^[iv][iv][iv]. Productores, vendedores y usuarios de drogas desempeñan así el rol de chivo expiatorio (Szasz, 1985), de forma que, igual que la originaria caza de brujas sirvió para frenar la ola de sublevaciones militar-mesiánicas provocadas por las enormes desigualdades sociales de la época (Harris, 1974), la actual guerra contra las drogas juega un papel fundamental como cortina de humo para ocultar las verdaderas funciones de las políticas de control de drogas. Si ya es difícil parar una guerra, más aún lo es si va envuelta en la cáscara protectora de un tabú ancestral que el aparato propagandístico alimenta sin cesar. De esta manera, la legislación prohibicionista goza de la protección de un doble blindaje.

Los intereses que oculta la prohibición son numerosos, algunos de ellos no demasiado evidentes^[v][v][v]. Por un lado están los beneficios económicos y políticos que obtienen directamente los estados. La guerra contra las drogas permite justificar la aprobación de legislaciones excepcionales de control social y la persecución contra grupos étnicos o inmigrantes con la excusa del narcotráfico; reduce el control en materia de derechos humanos; incrementa los poderes de jueces, policía y ejército; proporciona ventajas en el terreno de la diplomacia; y aporta ingentes cantidades de dinero totalmente opaco con el que financiar operaciones encubiertas o enriquecer a las clases dirigentes. Por otra parte, estas políticas generan un enorme aumento de precios, incrementando la dinámica de acumulación de capital, a la vez que protegen ciertos monopolios farmacéuticos de facto. Además, se ha creado un enorme entramado parainstitucional, formado sobre todo por ONGs, que se podría denominar lobby preventivo-asistencial, que obtiene grandes sumas de dinero e influencia social, a la vez que controla los mensajes que la sociedad civil recibe en torno a las drogas.

Si a todo lo anterior le añadimos el hecho de que las instituciones internacionales encargadas de elaborar y aplicar las políticas de control de drogas carecen de un control democrático efectivo y dan crecientes muestras de corrupción, y le sumamos que los Estados Unidos, primera potencia mundial y principal promotor de la guerra contra las drogas, refuerza su papel de liderazgo, estableciendo un férreo control en la materia y justificando intervenciones policiales y militares en el exterior (Nadelmann, 1993), comprenderemos porqué la torre da tan pocas muestras de tambalearse a pesar de la enorme cantidad de razones que parece haber para que tal cosa suceda.

En realidad, la afirmación de que la prohibición de drogas ha fracasado, algo que oímos repetir con creciente frecuencia, es errónea. La prohibición solo ha fracasado si nos empeñamos en creer que se trata de un medio dirigido a la consecución de los fines declarados en las convenciones internacionales: La protección de la salud física y moral de la humanidad en la de 1961 o la desaparición del tráfico ilícito en la de 1988. Pero si cambiamos el punto de vista y consideramos que, en realidad, la prohibición es un fin en sí misma, analizando hasta qué punto sirve eficazmente para  proteger una serie de intereses económicos y políticos, descubriremos que prohibir ciertas drogas ha sido para muchos el “gran negocio del siglo” (Markez, 1994). Así que lo que sucede en realidad es que la prohibición cumple muy diversos objetivos, solo que esos objetivos nunca aparecen en los discursos ni en los informes oficiales porque, evidentemente, son inconfesables.

No quiero terminar este apartado sin poner un ejemplo concreto que ilustra a la perfección lo que acabo de exponer, dado que incluye varios de los apartados arriba mencionados. Además, se trata de un ejemplo de total actualidad tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la posterior invasión estadounidense de Afganistán. Es el que podríamos llamar “caso Dil Jan Khan”. Según su biografía oficial^[vi][vi][vi], este pakistaní comenzó su carrera, allá por 1978, como consejero de la embajada de su país en Afganistán, para convertirse, tras la invasión soviética, en el máximo responsable de la frontera entre ambos países, de 1980 a 1993. Durante ese período, Afganistán aumentó paulatinamente su producción de opio, hasta convertirse en el primer productor mundial. El destino final de la heroína que se obtenía del mismo no era otro que los Estados Unidos (Labrousse, 1994), donde el presidente George Bush padre aseguraba, en 1989, que “construiría todas las cárceles que fueran necesarias para encerrar a los narcotraficantes”.

Este tráfico, casi en su totalidad, se producía a través de la frontera pakistaní, cuyo régimen lo toleraba abiertamente a instancias del propio gobierno norteamericano, que consideraba a la resistencia afgana un valioso aliado frente a la URSS y al Irán del ayatollah Jomeini. La propia agencia anti-droga estadounidense, la DEA, reconocía en sus informes que los grupos afganos participaban directamente en el tráfico a escala local e internacional. Con el dinero obtenido se pagaban buena parte de las armas empleadas por la resistencia islamista, así como las madrassas, las escuelas coránicas donde se educaba, con los textos religiosos proporcionados por Arabia Saudí como único material didáctico, a los huérfanos de guerra recogidos por la resistencia (la guerra dejó sin padres a 220.000 niños) que acabarían convirtiéndose en los  recientemente derrocados talibanes. Pero eso sería años más tarde. En aquel momento, a caballo entre la década de los ochenta y los noventa, los futuros talibán eran aún niños, el responsable de la frontera era el citado Dil Jan Khan y el contacto de los servicios secretos pakistaníes con la resistencia al otro lado de la frontera era un príncipe saudí, ahora famoso, llamado Ossama Bin Laden.

Todos sabemos (o, al menos, eso nos han contado) cómo ha terminado Bin Laden. De hecho, se podría decir que la llamada “guerra del mundo contra el terrorismo” se ha desatado por un conflicto entre el país promotor de la “guerra contra las drogas” y uno de sus antiguos subordinados-aliados en la misma. Dil Jan Khan, en cambio, ha permanecido fiel. A pesar de que bajo su jurisdicción circularon los que probablemente sean los mayores alijos de opio y heroína de la historia -¿o acaso sería mejor decir que precisamente gracias a ello?-, este individuo llegó a convertirse en uno de los trece miembros de la JIFE. En 1998, en la época de la Sesión Especial sobre Drogas de la ONU, justo cuando la erradicación del opio en Afganistán era la prioridad número uno del PNUCID, Jan Khan era nada menos que vicepresidente primero de la JIFE, órgano encargado de fiscalizar las políticas gubernamentales y garantizar el cumplimiento de los objetivos de las convenciones internacionales en materia de drogas. En el momento de redactar estas líneas, mientras George Bush Jr. lidera una nueva cruzada mundial, Dil Jan Khan es aún miembro de la misma, mostrando hasta qué punto la defensa de la “salud física y moral de la Humanidad” se ha convertido en un sarcasmo y ayudándonos a entender las razones por las que la JIFE es tan hostil a todo lo que huela a legalización de las drogas. 

 

La reducción de daños: Los límites del freno de emergencia.

Merece la pena detenerse aquí un momento para examinar la que para muchos es una posible vía de salida a la situación de bloqueo en que nos ha colocado el prohibicionismo: las llamadas políticas de reducción de daños o de riesgos. Desde que hiciera aparición el concepto de “reducción de daños”, sus defensores han solido presentarlo como una “alternativa radical” (O’Hare et al., 1992) a las políticas habituales en materia de drogas, basadas en la abstinencia como objetivo final. En efecto, la idea de reducir al mínimo tanto los riesgos como los daños, en lugar de insistir en eliminar el consumo a costa de aumentarlos, es un giro casi copernicano en el terreno conceptual y ha permitido avances muy significativos. No obstante, este tipo de políticas se enfrenta a numerosas limitaciones y paradojas que la convierten, en la práctica, en una medida paliativa, necesaria pero no suficiente, frente a los estragos de las políticas prohibicionistas.

En primer lugar, las políticas de reducción de daños abarcan solo una parte muy pequeña de los daños que tendrían que combatir (Barriuso, 2000). Aunque se suele hablar de “daños relacionados con las drogas”, sería más adecuado decir “relacionados con el consumo de drogas”. Tanto los programas de dispensación controlada de sustancias (sea heroína, metadona, buprenorfina u otras), como los programas de intercambio de jeringuillas, las salas de consumo higiénico o los escasos programas de testado de sustancias responden a problemas de las personas situadas en el último eslabón de la cadena, dejando de lado los daños relacionados con la producción y el tráfico, algunos muy importantes.

En segundo lugar, los programas desarrollados hasta el momento se han centrado, fundamentalmente, en usuarios de opiáceos y/o por vía inyectada, dejando fuera a la mayor parte de consumidores, especialmente al numeroso colectivo que utiliza el cannabis. Con escasas excepciones, las actuaciones se han centrado en aquel sector de consumidores de drogas ilícitas que se aparta menos de los estereotipos de dependiente-enfermo-persona con problemas.

Pero la principal limitación de las políticas de reducción de riesgos y daños es el carácter paradójico que tienen en el marco legal actual y las contradicciones entre sus objetivos y los de las leyes penales. La paradoja consiste en que, en realidad, los daños que se pretende reducir están provocados, fundamentalmente, por la prohibición. Si ha habido dificultades para conseguir jeringuillas limpias es porque primero se decidió impedir el acceso a las mismas a los usuarios. Si las sustancias están adulteradas, es por la falta de control de calidad a causa de la ilegalidad. Por tanto, se trata de paliar errores debidos a políticas que se mantienen vigentes y que, en muchos países, suponen constantes obstáculos legales al desarrollo de muchos programas en este terreno. En realidad, si la idea de la reducción de daños fuera el principio rector de las políticas de drogas, la primera medida a adoptar sería terminar con las actuales políticas prohibicionistas.

Todo lo anterior no significa, por supuesto, que las políticas de reducción de daños no sean un instrumento valioso para mejorar la deficiente situación actual, pero está claro que su carácter de “alternativa radical” hace que solo sean viables en la medida en que renuncien a cuestionar a fondo la legislación penal. Es evidente que las políticas de reducción de daños pueden suponer avances positivos en la imagen social y en la calidad de vida de las personas usuarias de drogas y favorecer políticas más tolerantes y menos represivas, pero también es cierto que muchas de ellas son perfectamente asumibles desde el discurso oficial, que habla de la necesidad de castigar el tráfico mientras se asiste a los usuarios, soslayando, entre otros, el debate sobre la legalización. De esta forma, buena parte de la opinión pública llega a aceptar como necesarias ciertas prácticas de reducción de daños, sin cuestionar en ningún momento la premisa prohibicionista.

Aún así, la reducción de daños y riesgos no lo va a tener fácil ni en el mejor de los casos. No hay que olvidar que se trata de un planteamiento que se encuentra afianzado en muy pocos países del mundo, y que en los documentos de la Sesión Especial de la ONU de 1998, cuando se habla de las prioridades para los siguientes diez años, no se menciona ni una sola vez la reducción de daños. Y todavía solo ha transcurrido la mitad de ese plazo.

 

Mirando en perspectiva

Todo indica que las tendencias geopolíticas y económicas globales que favorecen el mantenimiento de una legislación de drogas netamente prohibicionista no solo van a mantenerse en el futuro, sino que es probable que se acentúen. La situación internacional creada tras los atentados del 11-S refuerza la tendencia al liderazgo de los Estados Unidos, lo cual, visto el papel que este país ha jugado en la guerra contra las drogas, no puede significar más que una mayor presión para hacer aceptar la idea de que, si las políticas prohibicionistas no han dado los resultados apetecidos, se debe a que no se han aplicado con la suficiente intensidad y dureza.

La estructura de las instituciones responsables de las políticas mundiales de drogas, por otra parte, no favorece en absoluto un cambio. Si hay un terreno en el que la tan traída y llevada globalización, en su peor acepción, es una realidad boyante desde hace tiempo, ese es el de las sustancias ilícitas. Décadas de tratados internacionales de obligado cumplimiento en todo el mundo, construidos al dictado de unas pocas potencias interesadas, han llevado a una estructura vertical y centralizada, donde la posible participación ciudadana democrática tiene que atravesar tantas cribas y barreras que difícilmente llegarán a influir en las grandes decisiones. La burocratización y corrupción de organismos como el PNUCID o la JIFE es tan evidente que nadie puede creer que desde allí llegue ningún tipo de propuesta realista. Como ya dijo alguien, “no hay nada más difícil que convencer a alguien cuyos ingresos dependen de no dejarse convencer”.

De momento, además, no parece haber un gran movimiento de oposición, al menos no de la entidad suficiente como para poder provocar cambios significativos. A pesar de que hace ya muchos años que apareció, el discurso antiprohibicionista es aún disperso y poco consistente, con abundantes aportaciones individuales o de grupos aislados, pero pocas organizaciones amplias dotadas de unas ideas-fuerza bien estructuradas. El intento más consistente hasta el momento ha sido la ya mencionada Coalición Internacional de ONGs por una Política de Drogas Justa y Eficaz, constituida en 1998 por más de 100 grupos de 25 países, que, tras un periodo de letargo, se ha puesto nuevamente en marcha y continúa realizando campañas públicas y labor de lobby, sobre todo a nivel europeo. Pero la influencia de la Coalición es muy limitada y, además, aún habrá que ver cómo afronta en el futuro la enorme pluralidad ideológica que alberga en su interior.

Un asunto especialmente llamativo es la ausencia de la cuestión de las drogas en los foros en los que se ha venido gestando el llamado movimiento anti-globalización. La existencia de una guerra mundial contra las drogas parece no ser percibida por este movimiento, acaso porque las políticas anti-drogas -antiguas, afianzadas y respaldadas por un consenso social que en muchas regiones del mundo nadie osa cuestionar- aparecen ante muchos como una especie de telón de fondo, en apariencia inmutable, frente al que no se concibe siquiera la posibilidad de enfrentarse organizadamente.

Las posturas mantenidas durante muchos años desde la izquierda política tradicional, poco alejadas en general de las ideas dominantes, han contribuido a que este tema apenas figure en las agendas de debate y movilización. Es significativo que ni el Foro Social Mundial de Porto Alegre ni el Europeo de Florencia le hayan prestado apenas atención a la cuestión de las políticas de drogas. Entre los cientos de foros y talleres programados en ambos eventos durante 2002, las drogas solo figuraron en dos o tres, que se celebraron además fuera de los recintos principales, reuniendo apenas a un puñado de interesados. 

Por otra parte, todo parece indicar que los posibles cambios a escala global se producirán, si es que se producen, de forma que afecten en la menor medida posible a los intereses de los grupos de presión que actúan en este terreno. El ritmo desesperantemente lento al que se están produciendo los cambios en el terreno del cannabis medicinal, incluidos saltos atrás, y la forma en que se modifican las listas de sustancias sometidas a fiscalización son un aviso de por dónde deberá ir cualquier cambio que pretenda tener el visto bueno de los organismos de las Naciones Unidas (y lo mismo vale, aunque con matices, para la Unión Europea): Tras años de presión social y mediática, y ante las abrumadoras evidencias científicas acerca de que efectivamente el cáñamo, como se sabía desde antiguo, posee numerosos usos terapéuticos y paliativos, se termina por autorizar, en un lento goteo, solo principios activos aislados, especialmente los sintéticos, sometidos a patente y que solo pueden producirse en el laboratorio.

Aunque son mucho más caros y se ha demostrado que en numerosas patologías son menos eficaces que los cannabinoides naturales, en los pocos países donde se va permitiendo el uso de derivados del cannabis con fines medicinales se suele optar por los cannabinoides sintéticos, mientras se sigue castigando, incluso con la cárcel, el simple cultivo de marihuana para el propio consumo. No es arriesgado suponer, dado que muchas firmas farmacéuticas han realizado importantes inversiones en la investigación sobre aplicaciones del cannabis (Markez et al., 2002), que en los próximos años asistiremos a la aparición en las farmacias de un número creciente de preparados farmacéuticos a base de cannabinoides seleccionados por carecer de efectos psicoactivos, mientras se mantiene la presión represiva sobre el cáñamo, sobre todo el destinado al uso recreativo^{[vii][vii][vii]}. Es muy probable que asistamos al mismo proceso cada vez que se descubran en una sustancia ilícita propiedades terapéuticas que sean susceptibles de explotación comercial a gran escala. 

Por tanto, es poco probable que los posibles cambios a corto y medio plazo procedan de las instituciones internacionales. Prácticamente todos los avances que se han producido en las últimas décadas en el terreno de la normalización y de la reducción de daños, cuyo principal escenario ha sido Europa, se han producido a escala local o regional. La tendencia a que cuanto más gigantesca y lejana sea una institución, más propensa se muestre a la corrupción, la inercia y la opacidad es un fenómeno extendido a todas las cuestiones políticas. Pero el hecho de que las normas sobre drogas estén férreamente jerarquizadas a partir de convenios globales prácticamente inamovibles desde hace décadas hace que el margen de maniobra de los estados, los gobiernos regionales y los ayuntamientos sea escaso en el caso de las drogas ilícitas.

Cada ve

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